Una vez más, vemos a los responsables del Ministerio de Salud de la Nación mantener reuniones con diversas entidades, organizaciones y cámaras empresariales para efectuar un análisis de la situación sanitaria, habida cuenta de la altísima tasa de contagios por coronavirus, presumiblemente provocada por la presencia de la variante Ómicron en nuestro país. Y, una vez más, suponemos que tomarán decisiones sin haber convocado a los genuinos representantes de los profesionales de la salud, que son los verdaderos actores y uno de los gremios más sobreexigido por la pandemia y, a la vez, más afectado por las decisiones político-sanitarias implementadas para su contención.
A partir de la vacunación sostenida de la población y frente a la disminución paulatina de los contagios, a fines de 2021 las autoridades redujeron el tiempo de aislamiento para enfermos y contactos estrechos, como así también las restricciones de prevención social. Pero con la llegada de la nueva cepa se produjo, en forma súbita e inesperada, un aumento exponencial de la tasa de contagios.
Nos preguntamos, ¿por qué en lugar de dar marcha atrás reinstalando algunas de las medidas de prevención para atenuar el alza del número de contagios, el Ministerio de Salud de la Nación solo estaría evaluando dejar sin efecto la normativa vigente de aislamiento preventivo para el personal sanitario que reúna los criterios epidemiológicos de contacto estrecho? Modificación que -dicho sea de paso- los principales actores del área de la salud estarían presionando para que se implemente, debido al creciente índice de ausentismo que padecen y que perjudica el funcionamiento, tanto del ámbito público como privado.
Si bien la vacunación otorga un alto grado de protección para no desarrollar formas graves de COVID-19, las personas consideradas contacto estrecho se deben aislar para no generar potenciales contagios y nuevos enfermos. Y, también, el profesional de la salud se debe aislar como cualquier otro individuo, no para no enfermarse sino para no ser la fuente de contagio de terceros, incluidos los trabajadores sanitarios de su propio ámbito laboral. De no tenerse en cuenta este criterio fundamental, los contagios de la población y del personal sanitario, tanto público como privado, seguirán aumentando y en poco tiempo más, ante la falta de apego a las normas de protección individual y colectiva, solo será posible cubrir los puestos de trabajo con profesionales enfermos. ¡No es admisible que la única solución que se analice sea la de obligarnos a trabajar más y peor a los profesionales!.
Tenemos claro que hay muchos intereses en juego, y el de la salud de los profesionales es nuevamente el menos tenido en cuenta a la hora del análisis. Las decisiones no deberían ser tomadas únicamente en razón a las necesidades operativas de las instituciones públicas de salud o de las empresas comerciales con fines de lucro.
Reclamamos, una vez más, que se escuche la voz de los profesionales y se convoque de inmediato a sus organizaciones sindicales, antes que se termine legitimando medidas que inevitablemente terminarán afectando a todo el sector de la salud y, por carácter transitivo, a la población en general.